Freno al IVA del 19% para el juego online en Colombia

Una votación contundente

Con una votación de nueve votos en contra y solo cuatro a favor, los senadores le bajaron el pulgar a la iniciativa del presidente Gustavo Petro. La decisión no solo representa una derrota política para el Ejecutivo, sino que frena en seco —al menos por la vía legislativa— la intención de gravar con un IVA del 19% a las plataformas de apuestas y casino online que operan en Colombia.

Para entender la magnitud de esta decisión, hay que mirar los números fríos. El Gobierno había diseñado esta reforma con la esperanza de recaudar un total de COP 16,3 billones (unos 4.200 millones de dólares) para tapar el déficit del Presupuesto General de la Nación. De esa torta gigante, las casas de apuestas eran un ingrediente clave: se esperaba que aportaran COP 1,6 billones (cerca de 398 millones de dólares).

La lógica de Hacienda era sencilla: si la gente apuesta, que pague IVA. Sin embargo, la industria, gremios y expertos llevan meses —incluso años— explicando por qué esa matemática es, en la práctica, suicida. Gravar el depósito o la apuesta en un ecosistema digital no es igual que ponerle IVA a una camisa; es un impuesto directo a la liquidez del usuario que, inevitablemente, lo empuja hacia el mercado ilegal, donde no hay impuestos ni retenciones.

2025: el año del experimento fallido

Lo más interesante de este debate es que Colombia no está discutiendo sobre supuestos teóricos. Durante este 2025, el país ya vivió un plan piloto forzoso de lo que significa este impuesto, y los resultados le dieron la razón a los críticos.

Hay que recordar que, tras el hundimiento de la primera reforma tributaria en 2024, el Gobierno no se quedó de brazos cruzados. En febrero de este año, aprovechando la declaratoria de conmoción interior para restablecer el orden público en la región del Catatumbo, el Ejecutivo impuso el gravamen por decreto a los casinos y sitios de apuestas online. Lo que inicialmente era una medida de emergencia por noventa días, se extendió hasta finales de esta vigencia.

¿El resultado? Un efecto bumerán. Fecoljuegos (Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar) prendió las alarmas con datos en mano: la imposición del tributo no generó la bonanza esperada. Al contrario, los depósitos en las plataformas legales se desplomaron, provocando una caída superior al 30% en los recursos que el sector transfiere obligatoriamente a la salud pública. Y eso que muchos casinos en Colombia decidieron ofrecer promociones especiales para mitigar el impacto.

La lección que dejó el 2025 es clara: al querer sacar una tajada más grande, el Gobierno terminó achicando el pastel completo. Los jugadores, sensibles al precio, migraron a plataformas internacionales sin licencia (.com) o redujeron su actividad, afectando directamente a los fondos destinados a subsidiar la salud de los colombianos más vulnerables.

La amenaza de la emergencia económica

Aunque el archivo de la ley es un alivio para operadores de casino y apuestas en Colombia como YaJuego, Betsson, Stake, Betplay y compañía, nadie está descorchando champán todavía. La sensación en el ambiente es de una calma tensa. El Gobierno necesita dinero y se está quedando sin opciones ortodoxas para conseguirlo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, no ocultó su frustración tras la votación en el Senado. En una conferencia de prensa que sonó más a advertencia que a resignación, declaró: "vamos a analizar todas las medidas que sean necesarias, no vamos a descontar ninguna de las alternativas para asegurar el cumplimiento de las metas y los compromisos sociales".

Entre líneas, lo que el mercado lee es la posibilidad latente de una nueva declaratoria de Emergencia Económica. Esta figura constitucional le permitiría al presidente Petro legislar mediante decretos con fuerza de ley, saltándose al Congreso que le acaba de cerrar la puerta. Si el Gobierno opta por este camino, el IVA al juego online podría resucitar de la noche a la mañana, ignorando los argumentos técnicos y los resultados negativos vistos durante el decreto del Catatumbo.

¿Qué sigue para la industria?

Por ahora, el sector respira. El archivo de la ley significa que, a partir del 1 de enero de 2026, si no hay nuevos decretos sorpresa, el mercado debería operar bajo las condiciones normales previas a la conmoción interior. Esto permitiría recuperar el volumen de juego y, paradójicamente, aumentar el recaudo real para la salud, que se nutre del volumen de operaciones y no de un IVA asfixiante.

Sin embargo, la inseguridad jurídica sigue siendo el elefante en el cuarto. La regulación del juego en Colombia, que durante años fue el ejemplo a seguir para los demás países en Latinoamérica, atraviesa un momento de fragilidad. Inversionistas extranjeros miran con recelo un mercado donde las reglas del juego pueden cambiar cada seis meses dependiendo de la urgencia de caja del Ejecutivo.

La batalla legislativa ha terminado por hoy, pero la guerra por la financiación del Estado continúa. Y lamentablemente para la industria del juego, siguen siendo el objetivo favorito cuando las cuentas nacionales no cuadran.